Material para 3er año Liceo Nocturno

Presidencia de Fructuoso Rivera



Panorama del país en 1830: la República, valga la opinión del Dr. Lucas J. Obes, había sido organizada sobre un plan absolutamente nuevo y desconocido pero el problema era la viabilidad de ese plan a la luz de la situación demográfica, socio-económica, política y cultural del Uruguay y su gente.
El país tenía una población de 100 mil habitantes aproximadamente en 1830. Según Pivel Devoto las tres cuartas partes de la población vivían en las ciudades de Montevideo; Maldonado, Colonia y villas o pueblos más cercanos a ellas.
Los departamentos eran Montevideo; Canelones; Santo Domingo de Soriano; Durazno; Paysandú; Maldonado; Colonia; San José y Cerro Largo.



Economía y sociedad: el patriciado aparecía dividido en el momento de firmarse la Convención Preliminar de Paz, pero sus reflejos eran óptimos; asumió como conducta propia, a nivel doméstico, el “perpetuo y absoluto olvido de todos y cualesquiera hechos y opiniones políticas”, de que hablaba aquel documento internacional y, a poco de andar, fue capaz de reconstruir su unidad, y, como se vio, plasmar su ideal político de la Constitución del nuevo Estado.
Hubo cambios en la propiedad rural: la confiscación de campos y ganados que arruinó a cantidad de los grandes y florecientes hacendados del período hispánico; ni aún durante el dominio luso-brasileño muchos viejos nombres lograron recuperar sus propiedades.
La oposición entre los propietarios y los ocupantes –fueran cuales fueran los títulos invocados en uno y otro caso dará lugar a una lucha creciente, a la que se sumarán, en muchas oportunidades, las que enfrentaron a ocupantes que alegaban derechos diversos.
Los ocupantes se mantenían en los campos –desconociendo los decretos judiciales que, a pesar de todo, pretendían ignorar la validez de las adjudicaciones artiguistas y someter la tierra pública a la ley rivadaviana de la enfiteusis- y los viejos propietarios, en un principio con el apoyo de las autoridades bonaerenses, trataban de beneficiarse del principio que consagraba la continuidad legítima de las leyes anteriores.
Más de la mitad del territorio nacional estaba convulsionado con los litigios originados, en la mayoría de los casos, en las donaciones artiguistas de 1815.
El riesgo de desalojo pendiente sobre gran cantidad de patriotas hacendados –hombres que habían peleado contra el invasor portugués y, en muchos casos, hecho toda la Revolución –no sólo hacía “nacer los pleitos”, al decir del Tribunal de Apelaciones, sino que amenazaba con desatar conflictos violentos por parte de una masa que había vivido una dura experiencia, hecha de sacrificios y privaciones.
El Dr. Obes propuso pagar a los propietarios sus tierras, quizá acreditándoles grandes sumas en la deuda flotante del naciente Estado y vender las tierras a quienes las ocupasen en el momento.
“Don Frutos”, Presidente: 1830-1834: El 1º de agosto de 1830, tuvieron lugar las elecciones de Representantes y una semana después las de los Colegios Electorales de Senadores. La actividad de los dos caudillos que orientaban los bandos en gestación –directamente o a través de sus lugartenientes- así como la de las logias secretas o la de algunos ciudadanos que tomaron la iniciativa de publicar en la prensa la lista de candidatos que propiciaban, evitó la dispersión de los sufragios y orientó el voto en aquellos primeros comicios generales.
Rivera contaba en sus filas con los hombres de mayor significación entre los llamados abrasilerados y fue apoyado por integrantes de la logia masónica que había comenzado a funcionar a fines de febrero de 1830 y para la fecha de los comicios actuaba con las debidas credenciales obtenidas merced a las gestiones del D. Juan Melo Rodríguez.
El 24 de octubre, cumpliendo lo resuelto en las vísperas, la Asamblea General eligió Primer Presidente Constitucional de la República al General Fructuoso Rivera, en treinta y cinco legisladores presentes –nueve Senadores y veintiséis Diputados- votaron su nombre veintisiete, cinco lo hicieron por el General Lavalleja, dos por Gabriel A. Pereira y uno por Joaquín Suárez.
La política de tierras: Santiago Vázquez, siendo Ministro Universal, llevó a cabo la aprobación del decreto del 2 de diciembre de 1831, que destinaba a los hacendados sin tierra la tercera parte de toda denuncia de tierras públicas que en adelante se hiciera, y que se sumaba al del 23 de noviembre, relativo a la adjudicación de tierras públicas en régimen de enfiteusis (arrendamientos a muy bajos costos).
El 23 de diciembre de 1833 la tierra se concedía en propiedad. Revertían al Estado los campos en conflicto, pagándose por ellos su precio de mercado, y el Estado los entregaba a sus poseedores de hecho.
De estas decisiones se quejaron los latifundistas de Buenos Aires.
La política internacional: fracasado el proyecto de Nicolás Herrera para tentar un arreglo en oportunidad de su misión del año 1830, correspondió al primer Gobierno Constitucional replantear la cuestión de los límites de San Ildefonso de 1777. Brasil se negaba a negociar sino estaba presente Buenos Aires.
Otras realizaciones y proyectos: en lo monetario, en medio de todos los apremios causados por la guerra civil el Gobierno pagó $ 450 mil aparte de los $ 195 mil obtenidos por la venta de cobre, cantidad enorme para la capacidad financiera del país en los comienzos de su organización. Este antecedente –agrega- será invocado en 1836, durante el mandato de Oribe, en oportunidad de algunos comentarios deprimentes de la prensa de Londres en torno de la operación de crédito público que negociaba por entonces Juan Francisco Giró.
En 1833, se encomendó al Ingeniero Carlos Pellegrini el estudio y la formulación de los proyectos necesarios para la construcción de un puerto en la bahía de Montevideo, tema que ya había merecido la atención del Gobierno Provisorio. Por carencia de fondos no se realizó el proyecto.

Presidencia de Oribe



El Gral. Manuel Oribe es elegido para la Presidencia, practicada por la Asamblea Legislativa, para el período 1835-1839. La elección unánime implicaba la coincidencia de dos propósitos políticos que iban a resultar en definitiva, defraudados por Oribe. En efecto: para Rivera, el austero militar de temperamento retraído y carente de carisma popular, constituía el ideal de una administración del Estado, sobria y disciplinada, que, ganando el respeto del estamento civil montevideano, le aseguraría la continuidad de su poder personal, asentado en la adhesión afectiva de la campaña, particular de las gentes del pueblo, y le permitiría reasumir, en el período siguiente, la Presidencia de la República. Para el patriciado, más allá de las contradicciones y choques de intereses, Oribe era, por estirpe y carácter, uno de los suyos y con él esperaba obtener en el marco de la Constitución censataria de 1830, un gobierno favorable al mantenimiento de su hegemonía social y política: por esto fue llamado “Amigo del Orden”.
La República de Oribe era el ideal de una sociedad política ordenada por las leyes y regida por la autoridad legítima de las instituciones a él confiadas.
Para Rivera el Estado era el Pueblo; para Oribe, la Patria.
El interinato de Carlos Anaya: el 24 de octubre de 1834, al concluir el período constitucional de su mandato, Rivera, a pesar de instancias que se le hicieron para que permaneciera en el poder, entregó la Presidencia de la República al Presidente del Senado, Carlos Anaya.
No había en aquel momento pasión política alguna. La entrega del mando por Rivera era un hecho más aparente que real.
El 27 de octubre de 1834, Anaya y Oribe, que continuaba desempeñando la carrera de Guerra y Marina, promulgaron el decreto por el que se nombraba a Rivera Comandante General de la Campaña. La Asamblea General aprobó, al poco tiempo, una iniciativa por la que se entregó 50 mil pesos a Rivera como reconocimiento por su mandato.
Carlos Anaya promovió a Oribe el grado de Brigadier General, máximo escalafón militar de la época. Comenzaba la diarquía (Rivera-Oribe) y oposición entre el mundo de la pradera y la ciudad puerto.
Oribe, Presidente: El 1º de marzo de 1835, la Asamblea General, por unanimidad, eligió Presidente de la República a Manuel Oribe. El 4 de marzo constituyó Oribe su Ministerio.
El mismo propósito de conciliación y de integración a la tarea común de dar vida política a la República, inspiró la amnistía a los revolucionarios lavallejistas (por los conatos de 1832, 1833 y 1834) y su reincorporación al Ejército y el levantamiento de la severa confiscación de sus bienes establecida por el gobierno de Rivera.
Prioritario era dar solución a la difícil situación de las finanzas del Estado y a ello se abocó el Presidente y su Ministro, Juan María Pérez, con total dedicación.
Adelantándose a su propia administración, Oribe había gestionado durante el mismo período de Anaya, la autorización del Senado, para que el Poder Ejecutivo estuviera en condiciones de negociar y suscribir un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña, requisito previo indispensable para concertar en Londres el empréstito que se tenía previsto para salvar la penosa situación de la economía pública.
La misión Giró: la necesidad de contratar el empréstito autorizado fue aprovechada por Oribe para negociar con España el reconocimiento de la independencia y con Inglaterra, un tratado de comercio. Con ese fin, Juan Francisco Giró fue designado plenipotenciario ante la corte de Madrid y Agente confidencial ante el gobierno de Londres, el 17 de julio de 1835.
Giró comenzó por publicar un manifiesto que contenía una monografía sobre la República en la que se destacaba su solvencia económica y entró en comunicación con otros representantes hispanoamericanos en Londres. Poco después, comunicó al Gobierno sus primeras impresiones. Decía que en Londres, se luchaba con dificultades emanadas del descrédito en que habían caído todos los países sudamericanos; que al descrédito general, se unía el que afectaba especialmente al Uruguay, a causa de su situación política y financiera, que algunos explotaban con mala fe; que la prensa inglesa acusaba al Uruguay de fomentar el tráfico de esclavos y que eso también causaba mucho daño.
A Giró se le hizo una propuesta de la Casa Lafone Wilson de un préstamo de 30 millones por 200 o 300 leguas para 10.000 colonos de raza blanca, que no fue aceptado.
Leyes de retiro y de jubilaciones y pensiones: a mediados de marzo de 1835 se dictó la primera de esas leyes a favor de las viudas e hijos menores de jefes y oficiales.
Para mantener y reforzar las fuerzas armadas y la seguridad del país, sin afectar los recursos del Estado con la creación de nuevas plazas en el Ejército de línea, se dictó una ley, a mediados de 1835, que reorganizaba la prestación del servicio de milicias de los ciudadanos en la “Guardia Nacional”.
Reformas Jurídicas: la Constitución había establecido la igualdad entre todos los ciudadanos y había derogado todos los privilegios y no era posible por lo tanto, que siguiera subsistiendo en causas comunes el fuero personal de los sacerdotes y de los militares.
Otra ley que dictó la Asamblea fue la de abril de 1837, según la cual no salva a ningún reo de la pena de la ley la excepción de ebriedad.
Población y sociedad: Montevideo en 1835 tenía 23.404 habitantes. Según los “Apuntes Estadísticos” de Andrés Lamas, la población total de la República era, en 1835, de 128.371 habitantes. Aumento demográfico principalmente debido a la inmigración (vascos, canarios y franceses la mayoría).
La constitución de 1830, reproduciendo los términos de la ley dictada por la sala de la Florida, declaraba la libertad de vientres y prohibía la introducción de esclavos. Pero dejó también subsistente el derecho de los amos sobre los esclavos que ya existían en el país y a la sombra de ese derecho había continuado la introducción clandestina de negros durante toda la Administración Rivera. Raro era el buque de Brasil que no trajera esclavos como sirvientes o peones de los encargados de su tráfico; y muchos amos bautizaban a los hijos de sus esclavos en el estado brasileño de Río Grande, como medio de perpetuar en ellos la esclavitud, cuando nacían libres según la Constitución.
Oribe prohibió el tráfico en el puerto de negros y rechazó dos cargamentos en 1935. La ley de junio de 1837 declaró de hecho y de derecho la libertad de los negros.
Es también de la época, la iniciativa y el proceso de fundación de la Villa del Cerro. También la ley de 14 de junio de 1837 creaba los departamentos de Salto, Tacuarembo y el de Minas a expensas de territorios del departamento de Paysandú, los primeros, y de Maldonado y Cerro Largo, el segundo.
Educación y cultura: a comienzos de la Administración Oribe existían 33 escuelas públicas de varones y 2 de niñas en todo el territorio nacional. Pero esas escuelas, establecidas en las ciudades y villas de la República, carecían de todo. Entre las causas de tan deplorable situación figuraban la escasez del material de enseñanza y la irregularidad de los pagos de los maestros.
Entre las medidas adoptadas por el gobierno de Oribe, cabe destacar un decreto de 1835 destinado a proveer de útiles escolares a los establecimientos del interior, a cargo de comisiones de vecinos supervisados por la Junta Económico-Administrativas y la creación de una escuela de niñas en vez de la instituida por el gobierno de Rivera para niñas de color y en este caso, sin ninguna exclusividad étnica. Esta última, pese a la generosidad y dignidad de su igualitarismo, en los hechos, dejó sin educación elemental a las pequeñas morenas que dejaron de concurrir a las aulas. En la enseñanza media siguió destacándose la Escuela Mercantil sostenida por el tribunal del consulado.
El número de escuelas de enseñanza media aumentó en el transcurso de la Administración Oribe con el Colegio de los Padres Escolapios y el Colegio Oriental de Humanidades.
El 27 de mayo de 1838 se lleva a cabo la creación de la Universidad Mayor de la República.
La guerra civil y las divisas: cuando en setiembre de 1835 se produjo en Río Grande el movimiento revolucionario de los farrapos, Juan Antonio Lavalleja, por entonces todavía residente en Buenos Aires desde su fracasada revolución contra el Presidente Rivera, era notoriamente partidario del jefe de los revolucionarios riograndenses, Bentos Gonçalves da Silva; y Rivera, temeroso de una victoria de los farrapos, que diera a su compadre y rival una posición prevalente en el panorama político de la República, había abierto relaciones con el comandante imperial de Río Grande, mariscal Sebastián Barreto Pereira Pinto. En conocimiento Oribe de estas relaciones del caudillo con los imperiales o caramurús –como despectivamente eran llamados por los liberales republicanos o farrapos- decidió, como se viera, asumir el mando en jefe del ejército destacado sobre la frontera, aunque cuidando no romper con Rivera que ya había comprendido la acción.
El 19 de febrero de 1936 Oribe dispone la supresión de la Comandancia de Rivera con quien ya había tenido problemas debido a unas elecciones de Alcalde Ordinario realizadas en enero. La medida era apoyada por los cultos patricios y la campaña en cambio sostenía que el Presidente se había a sublevado contra el general Rivera.
El mismo 18 de julio –según el Cónsul francés Raymond Baraderé- debía estallar un complot en Montevideo, para el cual habían sido comprometidos varios de los presos de la cárcel, ubicada entonces en el Cabildo, quienes asesinarían a Oribe y sus principales colaboradores, reunidos en la Iglesia Matriz en el solemne Te Deum por el aniversario de la Constitución. La energía del Gobierno malogró estos planes de manera que en la ciudad la tranquilidad no fue alterada dispersándose los agentes de la revolución.
Entretanto Rivera había iniciado el movimiento en la campaña. El 19 de setiembre de 1836 el ejército revolucionario de Rivera y Lavalle fue vencido por las fuerzas legales en la batalla de Carpintería en la cual los combatientes lucieron por primera vez las divisas de guerra con que se distinguieron en lo futuro los partidos políticos.
Rivera fue vencido, pero se rearmó para seguir el conflicto.
Frente a la protesta armada, el Presidente Oribe entendió necesario y conveniente señalar ante todo la opinión pública, la conducta de Rivera como subversiva y anti-nacional, y, con ese propósito, dictó el decreto de 10 de agosto de 1836 ordenando que los jefes y oficiales y tropa del ejército de línea, la Guardia Nacional, el servicio de policía, los empleados públicos y los ciudadanos no alistados, en una palabra, toda la población, usaran una divisa blanca en el sombrero o un distintivo del mismo color en sus ropas, con el lema “Defensor de las leyes”. Anarquistas y tiznados fueron llamados los rebeldes por los gubernistas; constitucionales a su vez, se denominaban a sí mismos aquellos.
Desde el origen mismo de los bandos, había en ambos sectores de la gente principal –ricos propietarios rurales y urbanos, comerciantes y letrados- con los de la plebe criolla y gringa.
En octubre de 1837 Rivera invade el país. El 15 de junio de 1838 sucede la batalla de Palmar con una importante victoria de Rivera sobre las fuerzas del general Ignacio Oribe. La asamblea General resolvió abrir negociaciones con el jefe rebelde, designándose al efecto una comisión integrada por Joaquín Suárez y Carlos G. Villademoros. Ante las exigencias terminantes de Rivera, que quería la renuncia incondicional del Presidente, la comisión regresó a la capital. El 14 de setiembre la Asamblea decidió continuar la guerra. Pero surgió una nueva complicación: el 11 de octubre de 1838 la escuadra francesa se apoderó de Martín García.
El 21 de octubre se firmó en el Miguelete la Convención por la cual Oribe resignaría de inmediato su autoridad. El 24 Oribe resignó el mando ante la Asamblea General. Oribe suscribió una enérgica protesta responsabilizando a los franceses de haber influido en su renuncia, impuesta por la fuerza de los hechos.