Material para 3er año Liceo Nocturno

LA GUERRA GRANDE

En el marco del conflicto provocado por la pretensión del régimen de Luis Felipe y sus agentes en el Plata con el cometido de doblegar a Juan Manuel Rosas e imponerle privilegios y beneficios para su comercio y para los franceses residentes, vino a desenvolverse la lucha de los bandos políticos americanos de tal modo que pasando por sobre los indefinidos límites del recién constituido Estado Oriental, se ligaron en una conmixtión de intereses e ideales, que arrastró a liberales riveristas y a unitarios a servir de instrumentos del colonialismo europeo y a blancos y federales a unirse para hacerles frente.
El antagonismo de los bandos orientales fue complicándose, progresivamente, con el de los argentinos; pero asimismo, no fue extraño con el movimiento republicano de los farrapos de Río Grande, en el Brasil.
Rivera y la República de Río Grande: la victoria de Rivera sobre Oribe, pese al aporte del Gral. Lavalle y sus contingentes unitarios, no hubiera sido posible sin el importante apoyo logístico del gobierno republicano de Río Grande. Las dos primeras figuras militares de Río Grande eran el Gral. Bentos Manuel Ribeiro, natural de Bahía y el Cnel. Bentos Gonçalvez de Silva. El primero, militar de carrera y distinguido por su actuación en la invasión de Lecor a la Provincia Oriental, y el segundo, hacendado y hombre de gran prestigio, era el coronel de milicias, y caudillo del partido autonomista. Por componerse principalmente de gauchos y gentes del pueblo se llamaba a los autonomistas despectivamente, los farroupilhas o farrapos, es decir, harapientos o harapos; el partido imperial, a su vez, se llamaría de los camarús, como se les decía a los portugueses en la época del régimen lusitano.
Derrotado en la batalla de Carpintería; al huir hacia el Brasil junto con los jefes unitarios argentinos encabezados por el general Juan Lavalle, Rivera se plegó, con las fuerzas que lo seguían, a las tropas imperiales que al mando de Manuel Bentos luchaba para aplastar el alzamiento riograndense.
Las gestiones de los revolucionarios riograndenses ante Rosas y Oribe y la manifiesta simpatía de éstos por la causa republicana llevaron al Imperio a quejarse de que, sobre todo, el Estado Oriental no era neutral; pero pretendía desconocer que, en los hechos, servía de amparo a un ejército rebelde –el de Rivera y Lavalle- que constituía una amenaza para el Uruguay. Amenaza real. Pero luego los caramurús se volverán al sector de los farrapos.
La revolución de los farrapos no se limitaría a la independencia de Río Grande y a su separación de Brasil: se formaría una Federación del Uruguay -“Uruguay Mayor”, lo llama Juao Pandiá Calogeras- compuesta de las provincias brasileñas de Río Grande y Santa Catalina, el Estado Oriental, las provincias argentinas de Entre Ríos y Corrientes y quizá Santa Fe, que serían segregadas de la Confederación; y si era posible, el Paraguay, liberado de la tiranía del Dr. Francia. Era un gran Estado intermedio entre lo que quedaría de Brasil y la Argentina.
Este plan llegará a exteriorizarse, más adelante, en la reunión de Paysandú, en octubre de 1842, entre jefes del Río Grande, el Estado Oriental, Corrientes y gobernadores depuestos de Santa Fe y de Entre Ríos; y de hecho, la batalla de Arroyo Grande, el 6 de diciembre de 1842, fue librada entre Oribe con ejército aliado argentino-oriental y Rivera al frente de las tropas de los que debían ser componentes de la “Federación del Uruguay”. Por supuesto, no todos los farrapos no todos los unitarios participaron de la idea, pero fue norte de la acción de muchos hasta 1845.
Después del tratado del 21 de Agosto de 1838 la Asamblea General resolvió abrir negociaciones con Rivera designando una comisión integrada por Joaquín Suárez, Juan María Perez y Carlos G. Villademoros que, ante la exigencia terminante del jefe rebelde de la renuncia incondicional del Presidente Oribe, regresó a la capital. El 14 de setiembre la Asamblea decidió continuar la guerra. Pero surgió una nueva complicación: el 11 de octubre de 1838 la escuadra francesa se apoderó de Martín García lo que, sumado al bloqueo de Buenos Aires, dejaba a Oribe completamente aislado de todo posible auxilio de la Confederación.
Con Rivera en el poder, la situación de la República de Río Grande, por su parte, se consolidó; al año siguiente el Gral. David Canabarro se apoderó de la provincia de Santa Catalina, que se federó a Río Grande con el nombre de República Juliana.
Rivera y Rosas: El 10 de noviembre de 1838, al frente de sus huestes que lucían la divisa colorada, con el lema “Defensores de la Constitución”, entró Rivera a Montevideo, por el portón de San Pedro, donde se había levantado un gran arco de triunfo. Rivera volvía al poder, sin duda sostenido por las lanzas y el afecto de sus leales paisanos y de la esperanza y expectativas de la gentes sencillas; pero con él, rodeándolo, venía un grupo de hombres de casaca de diversa procedencia y edad, que obraban movidos por ambiciones e intereses propios.
El propósito de centralización del poder llevó a Rivera, el 20 de noviembre de 1838 a confiar las funciones policiales al Ejército bajo la inmediata dependencia del Intendente General de Policía, especie de Ministerio del orden con amplias facultades cuyo desempeño se confió a Luis Lamas.
El 3 de diciembre se convocó elecciones para el 23 a la que sólo concurrió el partido de gobierno.
Quienes ejercían mayor presión sobre Rivera, eran los unitarios y los agentes de Francia, convertidos en actores de las guerras civiles del Río de la Plata.
El Tratado con Corrientes significaba el comienzo de la guerra con Rosas que –como se verá- no estaba en los planes de Rivera pero sí en los de sus “aliados”; como si quisiera huir de la presencia de éstos, el 13 de enero de 1839 nombró por su Delegado a Gabriel Antonio Pereira y salió de Montevideo con destino a la campaña. Enrique Martínez, su Ministro de la Guerra, lo acompañaba, sustituido en la ciudad por Rondeau, donde Santiago Vázquez se hacía cargo de los Ministerios de Gobierno, Relaciones exteriores y Hacienda.
El 28 de febrero de 1839 se inauguró el nuevo período legislativo y el 1º de marzo Rivera fue electo por la Asamblea General, Presidente Constitucional mientras permanecía en Durazno. Allí se trasladó una representación del Cuerpo a tomarle juramento. Desde Montevideo todos lo apuraban para iniciar la guerra contra Rosas. Pero Rivera no consideraba al Estado Oriental comprometido en la misma forma que lo estaban sus aliados unitarios y franceses.
El 21 de diciembre se dio la batalla de Cagancha en donde Rivera vence a Echagüe. Libre el territorio oriental, por la victoria de Cagancha, Rivera se consideró relevado de todo otro compromiso que pudiera obligarlo a proseguir la lucha. A pesar de las presiones de los aliados, Corrientes, Martingny, los unitarios de Montevideo, en junio de 1840 resolvió retirar las tropas orientales que actuaban en Corrientes, lo que equivalía, en los hechos, a denunciar el tratado suscrito con dicha Provincia en diciembre 1838.
Gestiones con Francia e Inglaterra: en junio de 1840 los unitarios de la Comisión Argentina, empeñados en consolidar posiciones en la expectativa de que Lavalle lograra vencer, celebraron un convenio con el Encargado de Negocios y Cónsul General de Francia en Montevideo, Buchet de Martigny. Por entonces, José Ellauri actuaba como agente diplomático de la República Oriental en París. Había sido comisionado, en agosto de 1839, poco después de producirse la invasión de Echagüe y de acuerdo con sus instrucciones propuso al Gobierno de Francia, en enero de 1840, la celebración de tres tratados: el primero de alianza ofensiva y defensiva, para llevar adelante la guerra contra Rosas; el segundo de comercio y navegación sobre la base del tratado preliminar ya ratificado; y el tercero de garantía de la independencia de la República Oriental, durante un plazo determinado, por Francia e Inglaterra.
No fue feliz de Dr. Ellauri ante la Cancillería inglesa. A mediados de 1840 se dirigió a Lord Palmerston abriendo negociaciones para concluir dos tratados. El primero de Amistad y Comercio y el segundo, de garantía de la independencia oriental.
Inglaterra quería imponer una mediación entre Rosas y Rivera con el argumento de que la guerra era inhumana y atroz y, naturalmente, perjudicaba al comercio inglés; en realidad se trataba de consolidar a los liberales de Rivera en el Estado Oriental y procurar quebrar la obstinada altivez de Rosas en la defensa de la soberanía y, sobre todo, su inconveniente política proteccionista.
El 15 de mayo de 1841, Guizot hizo saber a José Ellauri que se había resuelto la acción conjunta anglo-francesa para dar fin a la guerra en el Plata. Desde Londres, por otra parte, se habían impartido instrucciones a Mandeville para que éste presentara junto con el representante francés en Buenos Aires, Henry Lefebvre de Bécourt, una sería intimación a Rosas. Rivera hizo una solicitud de protectorado ante Inglaterra, por intermedio de Ellauri, que Inglaterra no aceptó, pues le convenía más un tratado de libre comercio.
La “Federación del Uruguay”: a mediado de 1842, Rivera marchó con su ejército hacia el Entre Ríos, cruzando el Uruguay. En abril de ese año, en la estancia de Galarza, en las proximidades del Paraná, celebró un pacto con el Gral. Paz y Juan Pablo López gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe, por el cual se le confiaba a Rivera la dirección de la guerra contra Rosas.
Oribe siguiendo instrucciones de Rosas, en noviembre vino a situarse en Arroyo Grande en una excelente ubicación estratégica.
Las fuerzas de la Federación del Uruguay compuesta de orientales riveristas, farrapos y correntinos, unos 8.000 hombres, se enfrentaban a 8.500 federales. Pero pocos días antes de la batalla, tuvo lugar una hábil jugarreta de Rosas que precipitó la acción de Rivera, víctima, esta vez de la picardía criolla que tan bien supiera jugar siempre.
El 6 de diciembre de 1842 se dio la Batalla de Arroyo Grande. Fue un desastre para las fuerzas del mando de Rivera.
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El 16 de febrero de 1843 Oribe plantó la bandera oriental en el Cerrito. Aunque las fuerzas argentino-orientales que mandaban se estiman en unos 7.000 hombres, no estaba en condiciones de tomar la plaza, dado que no tenía el material bélico requerido ni técnicos como para realizarlo. La situación de Oribe era, sin embargo, comprometida: Rivera, en el interior, había reconstruido un ejército que podía obligar a librar la guerra en dos frentes simultáneos; también por ello, estratégicamente, Oribe debió postergar el asalto a Montevideo. La liquidación del ejército de Rivera era una necesidad militar previa; operación que Rosas había encomendado a Juan José de Urquiza. Asimismo, Montevideo estaba en condiciones de resistir indefinidamente el asedio, gracias a la libertad de sus comunicaciones por mar. Era indispensable, pues, organizar el bloqueo y ello fue cometido por Rosas al irlandés Guillermo Brown.
Oribe y Rosas: al poner sitio a Montevideo, Manuel Oribe, de nuevo en su patria, lo hacía invistiendo el doble carácter de Presidente legal de la República y de General en Jefe del Ejército Oriental y de las fuerzas auxiliares de la Confederación Argentina, su aliada.
La “Defensa” y “el Cerrito”: tras la línea de fortificaciones de la Defensa, extendidas desde la Aguada, por el Cordón, hasta la Playa de Santa Bárbara, Montevideo iba a vivir la singular peripecia del Sitio Grande por más de nueve años.
En Montevideo Lamas era quien había cambiado el nomenclátor de las calles de la ciudad hispánica, para borrar la memoria ominosa de la raíz materna y consagrar las nuevas denominaciones de la “era de la Libertad”.
Enfrentando a Montevideo a la distancia y separado por el cerco del asedio, se extendía al campo sitiador del Cerrito. El sistema de relaciones sociales y económicas de esta rústica capital política y militar del Cerrito, se completaba con el puerto del Buceo, que el 10 de julio de 1843, fue declarado, por Oribe, “habilitado para el comercio”.
La línea de las fortificaciones se hizo frontera de divisas, marcando la antinomía entre la exaltación ideológica de la ciudad-puerto y la pasión telúrica y nativa del alma americana del Campo sitiador. Contribuiría a ahondar la divergencia entre estas dos cosmovisiones de la Nación germinal, el impacto de las intervenciones de Francia e Inglaterra en el conflicto platense. Para Montevideo, los enviados de aquellas potencias eran los representantes de la Justicia Internacional para fundar la paz sobre el triunfo de la Civilización frente a la Barbarie. Para los hombres del Cerrito la intervención anglo-francesa constituía una intolerable agravio a su nacionalismo americano.
Durante la secesión de la Guerra Grande, los dos bandos históricos, colorado y blanco, acuñaron su peculiar modo de entender y representar a la Patria. El primero, en el mundo de la ciudad puerto, habitada por una gran mayoría de europeos y movida por una intensa actividad mercantil, prácticamente sin territorio, recibiendo todo del exterior, erigió las formas nacionales del Estado y del Derecho –como normas universales de la Libertad- en función de la patria y, deslumbrados sus hombres cultos –como se verá- por el nuevo espíritu de la Modernidad, a impulsos del romanticismo, rechazó lo nativo, criollo, americano –el sabor español- como antiguo, como contrario al progreso.
El segundo desde el campo sitiador, sintió renacer, en vez, el amor del terruño, la fuerza de la tradición, de los usos y costumbres heredados de España y reafirmó en la fe de sus mayores en la Religión Católica, su identidad nacional, erigiendo a Manuel Oribe en paradigma, en representación encarnada de la Nación, agredida por el europeo interventor y amenazada en sus bases morales por las foráneas y licenciosas ideas de sus adversarios.
Las instituciones durante “la Guerra Grande”: los comicios para elegir la quinta legislatura se realizaron recién el 27 de noviembre de 1842. El 1º de marzo de 1843 Joaquín Suárez en su calidad de Presidente del Senado, sucedió a Rivera en el ejercicio del Poder Ejecutivo en el que habría de continuar hasta 1851. Al terminarse el mandato de la quinta Legislatura, el senador Miguel Barreiro presentó un proyecto tendiente a prorrogar su mandato, que obtuvo general adhesión. Pero el Poder ejecutivo adoptó otra medida: el 14 de febrero de 1846 declaró disuelta la quinta Legislatura y constituyó una Asamblea de Notables, integrada por algunos de los legisladores cesantes, ministros, miembros del Poder Judicial, jefes militares y funcionarios administrativos, encargada de velar por la observancia de las garantías individuales y el cumplimiento de la Constitución. También creó un Consejo de Estado, de carácter consultivo, y cuya primera sesión tuvo lugar el 14 de febrero de 1846, bajo la presidencia de Alejandro Achucarro.
En el campo sitiador, por su parte, desde el comienzo del asedio, el 16 de febrero de 1843, el Gral. Oribe gobernaba la campaña con el título de Presidente legal de la República.
En junio de 1845, se dieron los primeros pasos para encauzar el gobierno dentro de normas orgánicas. Tal empresa ofrecía grandes dificultades en medio desolado por la guerra donde todo había salido de cauce a raíz de la permanente convulsión padecida por el país. Oribe se propuso reunir en el Cerrito las Cámaras de Representantes y Senadores derrocadas en noviembre de 1838; aquellos legisladores que se hallasen impedidos de concurrir serían sustituidos por los suplentes. Para llenar las vacantes, se convocó a elecciones el 27 de junio de 1845, realizándose los comicios en Durazno, San José, Colonia, para proveer los cargos de Senador. A pesar de la instalación de la Asamblea, el General Manuel Oribe continuó ejerciendo el gobierno de hecho. Los Ministerios de Relaciones Exteriores, Gobierno, Guerra y Hacienda fueron confiados a Carlos G. Villademoros, Bernardo P. Berro y General Antonio Díaz, respectivamente. Se dividió el Norte y el Sur del Río Negro en lo militar a cargo de Servando Gómez e Ignacio Oribe, respectivamente. El gobierno de los departamentos fue confiado a los Comandantes Militares.
La intervención de Francia e Inglaterra: hostigados por insistentes presiones y proyectando la cuestión platense en el marco de la entente, que era la política tanto de Aberdeen como de Guizot, ambos se esforzaron por crear el clima propicio a una intervención en el sur de América. Hubo en Londres, persistente campaña contra las atrocidades rosistas y por una cruzada humanitaria contra su despotismo. Otro hecho confluía para que la reconstrucción de la entente fuera impostergable: la disputa yanqui-mexicana por Tejas.
La agresión a la Confederación Argentina será pues, la concreción del acuerdo general francobritánico que ambos gobiernos consideraban tan necesario y que en octubre habían tratado de sellar con la ostentosa visita de Luis Felipe a la Reina Victoria en el castillo de Windsor.
La intervención dejó de lado al Imperio brasileño; fue sólo franco-británica.
La “intervención armada”: los mediadores se apoyaban en imponentes escuadras de guerra. La inglesa, al mando del almirante Inglefield y compuesta por nueve buques de guerra a vela tres vapores: 136 cañones de último modelo: los famosos Peysar que habían impuesto el opio en China. La francesa, al mando de Lainé, se componía de 3 grandes fragatas, cinco entre corbetas y bergantines, y dos vapores; 282 cañones: los cañones-obuses Paixhans disparaban balas de 80 libras y eran formidables para la época.
Los mediadores recibieron refuerzos en barcos y en hombres –llegó el 45º regimiento británico- y muy pronto, tras la armada, se alistaron 90 navíos mercantes, de múltiples banderas, ansiosos por colocar en el litoral y en el Paraguay mercaderías avaluadas en unos 700 mil patacones.
Los ingleses transportaron 600 infantes de marina y los franceses 200 para operaciones de desembarco. Desde 1844, Rosas había fortificado las defensas del río.
El 20 de noviembre de 1844 sucede el episodio conocido como Vuelta de Obligado, dándose un gran triunfo de Rosas sobre las potencias extranjeras.
En marzo de 1848 arribaron a Montevideo Robert Gore por Inglaterra –venía acreditado como encargado de negocios en la capital sitiada- y el Barón Gros –secretario de Deffaudis en México- por Francia. Iniciaron la negociación ante Oribe y el Gobierno de Montevideo.
La victoria de la “causa americana”: en enero de 1850 en Buenos Aires y en agosto de 1850 en Montevideo Rosas y Oribe firmaron la paz con los plenipotenciarios de Inglaterra y Francia respectivamente para poner fin a las intenciones imperialistas anglo-francesas. Triunfó la causa americana.

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Para la clase principal de la ciudad puerto de Montevideo, en sus dos prototipos del doctor y del hombre de negocios, la guerra con Rosas era vital para, por una parte, levantar el cerco de Oribe que les privaba del dominio y disfrute de los frutos de la tierra y, por la otra, para imponer se hegemonía frente al rival Buenos Aires, en el beneficio directo de la intermediación de los efectos de ultramar –principalmente ingleses y franceses- y esto, dentro de las pautas de un sistema político liberal y civilizado, que fuera garante de su principalía patricia sobre el ancho mundo de la plebe –criolla y ahora, también, gringa-, destinada a proveer la fuerza de trabajo de sus brazos y oficios tanto a sus talleres, almacenes, barracas, tiendas y ámbito domésticos, como a sus estancias, quintas y fincas de recreo.
El Ejército de Operaciones del federal Justo José Urquiza derrotó a Rivera en India Muerta, el 27 de marzo de 1845, y alentados por la expectativa de la próxima llegada la oportunidad para sustituir el caudillo en la jefatura militar así como su influencia política en las Cámaras Legislativas que aún subsistían en la ciudad.
El sector liberal de la Defensa, resolvió formar una asociación que fortaleciera al gobierno para su doble lucha contra el caudillismo y contra Rosas. El 11 de febrero de 1846 se fundó la “Sociedad Nacional”, integrada por todos los opositores a Rivera.
El 28 de marzo el gobierno desterró a Rivera. Pero luego de unos días y frente a los movimientos populares que lo pedían, Rivera desembarca en tierra y entra a Montevideo y toma nuevamente el gobierno.
Rivera, necesitado de un punto de apoyo en la ciudad que lo asegurase ante un posible Ministerio adverso, propició un decreto, que suscribió el gobierno, por el cual, en la práctica, venía a prorrogarse el mandato de la quinta legislatura, en virtud de que las personas que le integraban –electas, recuérdese, bajo la influencia de Rivera- tenían a su favor la confianza de la Nación.
Se incorporaron a la Asamblea en calidad de Notables un conjunto de treinta ciudadanos partidarios de Rivera. Los Ministros del Poder Ejecutivo no formarían parte de la Asamblea y el funcionamiento del Consejo de Estado quedaba por entonces sin efecto, como un medio de fortalecer la posición del caudillo y su partido.
La revolución de abril de 1846 puso término a una etapa política de la Defensa de Montevideo y abrió el camino a las posibles soluciones de tendencia oriental. Anulada quedó entonces la influencia de Santiago Vázquez, quien como se dijo abandonó el Ministerio; la Legión Argentina se embarcó para Corrientes y el partido unitario vio disipadas sus últimas esperanzas. El caudillo era ahora dueño de la ciudad, cuyos elementos representativos agrupados en la Sociedad Nacional se disolvieron, cesando también, en consecuencia, su periódico “La nueva Era”.
Gestiones de reconciliación oriental: el decreto dictado el 15 de abril de 1846 por el cual se establecía que desde aquella fecha no se debía usar divisa política en ningún punto de la República, la que debía ser sustituida por la cucarda nacional.
Los dirigentes de la Defensa venían siendo desbordados por la gravitación e influencia de los comerciantes franceses radicados en la ciudad que, al amparo del bloqueo a que había sido sometido el puerto de Buenos Aires desde noviembre de 1845, hacían su fortuna mientras el gobierno se debatía en la pobreza. Las rentas provenientes de la principal fuente de recursos –la Aduana- no las percibía, por cuanto habían sido enajenadas por anticipado y adquiridas por la Sociedad Anónima liderada por Lafone, que al hacer efectiva la recaudación embolsaba jugosas ganancias. Y el 80 % de los accionistas de dicha sociedad eran extranjeros. El sector riverista –encabezado en la ciudad por Venancio Flores- quiso reaccionar contra este sistema y, a los efectos, buscó abiertamente el acuerdo con el campo sitiador. El clima era por lo demás propicio: en el Ministerio habían ingresado los respetados Gabriel Antonio Pereira, a cargo de las Carteras de Gobierno y Hacienda, y Miguel Barreiro, en la Relaciones Exteriores. Por lo demás, las hostilidades casi no existían en el verano de 1847. Los montevideanos paseaban a caballo por los lugares altos para tomar el aire, eligiéndolos para pic-nics y recreo a la vista de los sitiadores.
El 4 de agosto de 1847 Flores pidió al gobierno que realizara negociaciones para la paz.
Apartado el caudillo, con su singular sentimiento de Patria, el círculo doctoral de la Defensa, pudo, al fin imponer su programa. Este era de inspiración nítidamente europeísta.
Europa era siempre ideal, el punto de referencia. Sus revoluciones, sus trastornos, conmovían como acontecimientos propios. Se las contemplaba como acontecimientos de proporciones universales. La revolución de 1848 en Francia provocó en el Gobierno de Montevideo una enorme excitación y gran esperanza de ayuda. Esta expectativa era animada por los agentes del Gobierno en el extranjero.
En la ciudad, cuya población había llegado a ser en los momentos de auge del bloqueo de 40.000 habitantes, los orientales no alcanzaban a ser 10.000 mientras los residentes franceses eran alrededor de 20.000. La emigración en Río Grande ascendía a 20.000 (allí estaba Venancio Flores). La misma población extranjera abandonaba también la ciudad cuando el bloqueo dejó de rendir sus frutos y muchos franceses se trasladaron a Buenos Aires.
En agosto de 1849, Manuel Oribe hizo conocer a Bruno Más, por conducto “de un extranjero”, sus propósitos a favor de la paz. Pero la proposición, al igual que las hechas por Flores y Rivera, fueron estériles.
La “política americana” de Manuel Herrera y Obes: el nuevo Canciller de la Defensa, Manuel Herrera y Obes, será el orientador de lo que ha sido llamada una “política americana”, para encaminar el fin de la Guerra Grande.
En el plan de Herrera y Obes la solución del conflicto debía obtenerse por la conjunción de las fuerzas del Entre Ríos, del que era gobernador federal Justo José de Urquiza y del imperio del Brasil, con Montevideo, contra Rosas y Oribe, con prescindencia, de ser posible, de las potencias europeas.
Debido a la Revolución Industrial existió la necesidad de alimentar las populosas ciudades industriales –fruto de la emigración campesina y de la explosión demográfica característica de la revolución maquinista –determinó la sustitución del ganado lanar- exigido por el comienzo de la fabricación de textiles- por la cría de vacunos, con abundantes carnes, útiles, precisamente, para la dieta de los trabajadores y de las clases medias que se apiñaban en las urbes. Por consiguiente Inglaterra pasó a producir las carnes bovinas para el consumo en sus propios campos y a importar lana y los cereales. Presionó, entonces, para que sus áreas de influencia aptas a efectos se dediquen a la ganadería ovina, y paralelamente, se suprimiera la esclavitud, como medio de evitar que los costos menores de la fuerza de trabajo pudieran desarrollar, en las zonas dependientes, inconvenientes focos de desarrollo autónomo. O sea que, la ganadería que Rosas expresaba –cueros vacunos y tasajo para alimento de las sociedades esclavistas y plantadoras- era ahora, contraria al sentido de la evolución económica internacional.
Grupos de hacendados –en su mayoría, vascos e irlandeses- de la provincia de Buenos Aires y del Litoral, comprendieron el nuevo giro de la demanda inglesa e iniciaron prósperas explotaciones de ganadería ovina. En el Entre Ríos, la cría de ovinos pronto alcanzó gran auge así como la explotación de las graserías, cuyo producto, el sebo de carnero, alcanzaba un importante precio por quintal, mientras se valorizaban, también, los cueros lanares.
Urquiza era el principal beneficiario de la exportación del tasajo y el único en los negocios de contrabando con las mercaderías europeas y con el oro de la Confederación. Dos decretos del Restaurador cortaron los proficuos tráficos..
Debido a la esclavitud en las plantaciones de café en Brasil, el imperio no aceptó las imposiciones inglesas en los convenios en trámite. Brasil quedó al margen de la empresa intervencionista en el Plata y sus relaciones con Londres se deterioraron a ojos vistas. Cuando Rosas se entera que Brasil reconoció la independencia de Paraguay, rompe relaciones con el imperio.
Brasil no intercedería por la independencia de Paraguay ante las cortes europeas, ni enviaría representación diplomática a Asunción. Así logró que amainara la tempestad.
La insoportable presión inglesa, la convicción de la guerra con Rosas era inevitable y las contradicciones entre terratenientes y traficantes explican la decisión de julio de 1850. Por ella, el Brasil reasumía la función de submetrópoli del Imperio inglés en América del Sur. A partir de 1850, las inversiones inglesas afluyeron en alud hacia el Brasil; su oligarquía se enriqueció fabulosamente y su política, subsidiaria del Foreign Office, instauró su predominio en el subcontinente.
Instrumento importante en la política que el Brasil se proponía encarar en el Plata fue Irineo Evangelista de Souza, Barón y luego Vizconde de Mauá.
Grande fue, por cierto, el regocijo del Dr. Andrés Lamas, agente diplomático del Gobierno de Montevideo, cuando se presentó en la sede de su Legación, en la Pedreira da Gloria, el banquero brasileño para apuntalar a la defensa. Sus largas y empeñosas gestiones para lograr el apoyo del Imperio y su intervención en “la cuestión del Plata”, comenzaba a dar fruto.
La alianza contra Rosas y Oribe: el 29 de mayo de 1851, en Montevideo, entre Herrera y Obes, por el Gobierno de la Defensa, da Silva Pontes, por el Imperio y Cuyas y Samperes, por Urquiza, se suscribió el tratado por el cual se establecía una alianza ofensiva y defensiva para mantener la Independencia de la República Oriental del Uruguay. Se llegó a un acuerdo ante de los enfrentamientos entre Urquiza y Oribe. En realidad, pese a la letra del acuerdo hubo vencidos y vencedores y el gobierno de la Defensa quedó reconocido como única autoridad vigente en todo el territorio oriental.
El 3 de marzo de 1852 se da la batalla de Caseros, con la victoria de los aliados contra Rosas.
Los tratados de Lamas: la Paz de Octubre había dado fin a la Guerra Grande en el Uruguay, vencido, sin combatir, Manuel Oribe, por la fuerza incontrastable de la alianza de Urquiza, el Brasil y Montevideo. Como se viera, esta alianza había sido afanosamente buscada por los prohombres de la Defensa que, al fin y merced a la conjunción de múltiples factores que por cierto, eran ajenos al interés oriental, la han visto fructificar. Pero, el socorro financiero proporcionado por la Casa Mauá y el decisivo apoyo militar del Imperio, trajo aparejado un tremendo precio. El 12 de octubre, Andrés Lamas suscribía, en Río de Janeiro, cinco tratados con el Imperio del Brasil: 1º de alianza; 2º de límites; 3º el de prestación de socorros; 4º el de comercio y navegación y 5º el de extracción.

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Presidencia de Fructuoso Rivera



Panorama del país en 1830: la República, valga la opinión del Dr. Lucas J. Obes, había sido organizada sobre un plan absolutamente nuevo y desconocido pero el problema era la viabilidad de ese plan a la luz de la situación demográfica, socio-económica, política y cultural del Uruguay y su gente.
El país tenía una población de 100 mil habitantes aproximadamente en 1830. Según Pivel Devoto las tres cuartas partes de la población vivían en las ciudades de Montevideo; Maldonado, Colonia y villas o pueblos más cercanos a ellas.
Los departamentos eran Montevideo; Canelones; Santo Domingo de Soriano; Durazno; Paysandú; Maldonado; Colonia; San José y Cerro Largo.



Economía y sociedad: el patriciado aparecía dividido en el momento de firmarse la Convención Preliminar de Paz, pero sus reflejos eran óptimos; asumió como conducta propia, a nivel doméstico, el “perpetuo y absoluto olvido de todos y cualesquiera hechos y opiniones políticas”, de que hablaba aquel documento internacional y, a poco de andar, fue capaz de reconstruir su unidad, y, como se vio, plasmar su ideal político de la Constitución del nuevo Estado.
Hubo cambios en la propiedad rural: la confiscación de campos y ganados que arruinó a cantidad de los grandes y florecientes hacendados del período hispánico; ni aún durante el dominio luso-brasileño muchos viejos nombres lograron recuperar sus propiedades.
La oposición entre los propietarios y los ocupantes –fueran cuales fueran los títulos invocados en uno y otro caso dará lugar a una lucha creciente, a la que se sumarán, en muchas oportunidades, las que enfrentaron a ocupantes que alegaban derechos diversos.
Los ocupantes se mantenían en los campos –desconociendo los decretos judiciales que, a pesar de todo, pretendían ignorar la validez de las adjudicaciones artiguistas y someter la tierra pública a la ley rivadaviana de la enfiteusis- y los viejos propietarios, en un principio con el apoyo de las autoridades bonaerenses, trataban de beneficiarse del principio que consagraba la continuidad legítima de las leyes anteriores.
Más de la mitad del territorio nacional estaba convulsionado con los litigios originados, en la mayoría de los casos, en las donaciones artiguistas de 1815.
El riesgo de desalojo pendiente sobre gran cantidad de patriotas hacendados –hombres que habían peleado contra el invasor portugués y, en muchos casos, hecho toda la Revolución –no sólo hacía “nacer los pleitos”, al decir del Tribunal de Apelaciones, sino que amenazaba con desatar conflictos violentos por parte de una masa que había vivido una dura experiencia, hecha de sacrificios y privaciones.
El Dr. Obes propuso pagar a los propietarios sus tierras, quizá acreditándoles grandes sumas en la deuda flotante del naciente Estado y vender las tierras a quienes las ocupasen en el momento.
“Don Frutos”, Presidente: 1830-1834: El 1º de agosto de 1830, tuvieron lugar las elecciones de Representantes y una semana después las de los Colegios Electorales de Senadores. La actividad de los dos caudillos que orientaban los bandos en gestación –directamente o a través de sus lugartenientes- así como la de las logias secretas o la de algunos ciudadanos que tomaron la iniciativa de publicar en la prensa la lista de candidatos que propiciaban, evitó la dispersión de los sufragios y orientó el voto en aquellos primeros comicios generales.
Rivera contaba en sus filas con los hombres de mayor significación entre los llamados abrasilerados y fue apoyado por integrantes de la logia masónica que había comenzado a funcionar a fines de febrero de 1830 y para la fecha de los comicios actuaba con las debidas credenciales obtenidas merced a las gestiones del D. Juan Melo Rodríguez.
El 24 de octubre, cumpliendo lo resuelto en las vísperas, la Asamblea General eligió Primer Presidente Constitucional de la República al General Fructuoso Rivera, en treinta y cinco legisladores presentes –nueve Senadores y veintiséis Diputados- votaron su nombre veintisiete, cinco lo hicieron por el General Lavalleja, dos por Gabriel A. Pereira y uno por Joaquín Suárez.
La política de tierras: Santiago Vázquez, siendo Ministro Universal, llevó a cabo la aprobación del decreto del 2 de diciembre de 1831, que destinaba a los hacendados sin tierra la tercera parte de toda denuncia de tierras públicas que en adelante se hiciera, y que se sumaba al del 23 de noviembre, relativo a la adjudicación de tierras públicas en régimen de enfiteusis (arrendamientos a muy bajos costos).
El 23 de diciembre de 1833 la tierra se concedía en propiedad. Revertían al Estado los campos en conflicto, pagándose por ellos su precio de mercado, y el Estado los entregaba a sus poseedores de hecho.
De estas decisiones se quejaron los latifundistas de Buenos Aires.
La política internacional: fracasado el proyecto de Nicolás Herrera para tentar un arreglo en oportunidad de su misión del año 1830, correspondió al primer Gobierno Constitucional replantear la cuestión de los límites de San Ildefonso de 1777. Brasil se negaba a negociar sino estaba presente Buenos Aires.
Otras realizaciones y proyectos: en lo monetario, en medio de todos los apremios causados por la guerra civil el Gobierno pagó $ 450 mil aparte de los $ 195 mil obtenidos por la venta de cobre, cantidad enorme para la capacidad financiera del país en los comienzos de su organización. Este antecedente –agrega- será invocado en 1836, durante el mandato de Oribe, en oportunidad de algunos comentarios deprimentes de la prensa de Londres en torno de la operación de crédito público que negociaba por entonces Juan Francisco Giró.
En 1833, se encomendó al Ingeniero Carlos Pellegrini el estudio y la formulación de los proyectos necesarios para la construcción de un puerto en la bahía de Montevideo, tema que ya había merecido la atención del Gobierno Provisorio. Por carencia de fondos no se realizó el proyecto.

Presidencia de Oribe



El Gral. Manuel Oribe es elegido para la Presidencia, practicada por la Asamblea Legislativa, para el período 1835-1839. La elección unánime implicaba la coincidencia de dos propósitos políticos que iban a resultar en definitiva, defraudados por Oribe. En efecto: para Rivera, el austero militar de temperamento retraído y carente de carisma popular, constituía el ideal de una administración del Estado, sobria y disciplinada, que, ganando el respeto del estamento civil montevideano, le aseguraría la continuidad de su poder personal, asentado en la adhesión afectiva de la campaña, particular de las gentes del pueblo, y le permitiría reasumir, en el período siguiente, la Presidencia de la República. Para el patriciado, más allá de las contradicciones y choques de intereses, Oribe era, por estirpe y carácter, uno de los suyos y con él esperaba obtener en el marco de la Constitución censataria de 1830, un gobierno favorable al mantenimiento de su hegemonía social y política: por esto fue llamado “Amigo del Orden”.
La República de Oribe era el ideal de una sociedad política ordenada por las leyes y regida por la autoridad legítima de las instituciones a él confiadas.
Para Rivera el Estado era el Pueblo; para Oribe, la Patria.
El interinato de Carlos Anaya: el 24 de octubre de 1834, al concluir el período constitucional de su mandato, Rivera, a pesar de instancias que se le hicieron para que permaneciera en el poder, entregó la Presidencia de la República al Presidente del Senado, Carlos Anaya.
No había en aquel momento pasión política alguna. La entrega del mando por Rivera era un hecho más aparente que real.
El 27 de octubre de 1834, Anaya y Oribe, que continuaba desempeñando la carrera de Guerra y Marina, promulgaron el decreto por el que se nombraba a Rivera Comandante General de la Campaña. La Asamblea General aprobó, al poco tiempo, una iniciativa por la que se entregó 50 mil pesos a Rivera como reconocimiento por su mandato.
Carlos Anaya promovió a Oribe el grado de Brigadier General, máximo escalafón militar de la época. Comenzaba la diarquía (Rivera-Oribe) y oposición entre el mundo de la pradera y la ciudad puerto.
Oribe, Presidente: El 1º de marzo de 1835, la Asamblea General, por unanimidad, eligió Presidente de la República a Manuel Oribe. El 4 de marzo constituyó Oribe su Ministerio.
El mismo propósito de conciliación y de integración a la tarea común de dar vida política a la República, inspiró la amnistía a los revolucionarios lavallejistas (por los conatos de 1832, 1833 y 1834) y su reincorporación al Ejército y el levantamiento de la severa confiscación de sus bienes establecida por el gobierno de Rivera.
Prioritario era dar solución a la difícil situación de las finanzas del Estado y a ello se abocó el Presidente y su Ministro, Juan María Pérez, con total dedicación.
Adelantándose a su propia administración, Oribe había gestionado durante el mismo período de Anaya, la autorización del Senado, para que el Poder Ejecutivo estuviera en condiciones de negociar y suscribir un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña, requisito previo indispensable para concertar en Londres el empréstito que se tenía previsto para salvar la penosa situación de la economía pública.
La misión Giró: la necesidad de contratar el empréstito autorizado fue aprovechada por Oribe para negociar con España el reconocimiento de la independencia y con Inglaterra, un tratado de comercio. Con ese fin, Juan Francisco Giró fue designado plenipotenciario ante la corte de Madrid y Agente confidencial ante el gobierno de Londres, el 17 de julio de 1835.
Giró comenzó por publicar un manifiesto que contenía una monografía sobre la República en la que se destacaba su solvencia económica y entró en comunicación con otros representantes hispanoamericanos en Londres. Poco después, comunicó al Gobierno sus primeras impresiones. Decía que en Londres, se luchaba con dificultades emanadas del descrédito en que habían caído todos los países sudamericanos; que al descrédito general, se unía el que afectaba especialmente al Uruguay, a causa de su situación política y financiera, que algunos explotaban con mala fe; que la prensa inglesa acusaba al Uruguay de fomentar el tráfico de esclavos y que eso también causaba mucho daño.
A Giró se le hizo una propuesta de la Casa Lafone Wilson de un préstamo de 30 millones por 200 o 300 leguas para 10.000 colonos de raza blanca, que no fue aceptado.
Leyes de retiro y de jubilaciones y pensiones: a mediados de marzo de 1835 se dictó la primera de esas leyes a favor de las viudas e hijos menores de jefes y oficiales.
Para mantener y reforzar las fuerzas armadas y la seguridad del país, sin afectar los recursos del Estado con la creación de nuevas plazas en el Ejército de línea, se dictó una ley, a mediados de 1835, que reorganizaba la prestación del servicio de milicias de los ciudadanos en la “Guardia Nacional”.
Reformas Jurídicas: la Constitución había establecido la igualdad entre todos los ciudadanos y había derogado todos los privilegios y no era posible por lo tanto, que siguiera subsistiendo en causas comunes el fuero personal de los sacerdotes y de los militares.
Otra ley que dictó la Asamblea fue la de abril de 1837, según la cual no salva a ningún reo de la pena de la ley la excepción de ebriedad.
Población y sociedad: Montevideo en 1835 tenía 23.404 habitantes. Según los “Apuntes Estadísticos” de Andrés Lamas, la población total de la República era, en 1835, de 128.371 habitantes. Aumento demográfico principalmente debido a la inmigración (vascos, canarios y franceses la mayoría).
La constitución de 1830, reproduciendo los términos de la ley dictada por la sala de la Florida, declaraba la libertad de vientres y prohibía la introducción de esclavos. Pero dejó también subsistente el derecho de los amos sobre los esclavos que ya existían en el país y a la sombra de ese derecho había continuado la introducción clandestina de negros durante toda la Administración Rivera. Raro era el buque de Brasil que no trajera esclavos como sirvientes o peones de los encargados de su tráfico; y muchos amos bautizaban a los hijos de sus esclavos en el estado brasileño de Río Grande, como medio de perpetuar en ellos la esclavitud, cuando nacían libres según la Constitución.
Oribe prohibió el tráfico en el puerto de negros y rechazó dos cargamentos en 1935. La ley de junio de 1837 declaró de hecho y de derecho la libertad de los negros.
Es también de la época, la iniciativa y el proceso de fundación de la Villa del Cerro. También la ley de 14 de junio de 1837 creaba los departamentos de Salto, Tacuarembo y el de Minas a expensas de territorios del departamento de Paysandú, los primeros, y de Maldonado y Cerro Largo, el segundo.
Educación y cultura: a comienzos de la Administración Oribe existían 33 escuelas públicas de varones y 2 de niñas en todo el territorio nacional. Pero esas escuelas, establecidas en las ciudades y villas de la República, carecían de todo. Entre las causas de tan deplorable situación figuraban la escasez del material de enseñanza y la irregularidad de los pagos de los maestros.
Entre las medidas adoptadas por el gobierno de Oribe, cabe destacar un decreto de 1835 destinado a proveer de útiles escolares a los establecimientos del interior, a cargo de comisiones de vecinos supervisados por la Junta Económico-Administrativas y la creación de una escuela de niñas en vez de la instituida por el gobierno de Rivera para niñas de color y en este caso, sin ninguna exclusividad étnica. Esta última, pese a la generosidad y dignidad de su igualitarismo, en los hechos, dejó sin educación elemental a las pequeñas morenas que dejaron de concurrir a las aulas. En la enseñanza media siguió destacándose la Escuela Mercantil sostenida por el tribunal del consulado.
El número de escuelas de enseñanza media aumentó en el transcurso de la Administración Oribe con el Colegio de los Padres Escolapios y el Colegio Oriental de Humanidades.
El 27 de mayo de 1838 se lleva a cabo la creación de la Universidad Mayor de la República.
La guerra civil y las divisas: cuando en setiembre de 1835 se produjo en Río Grande el movimiento revolucionario de los farrapos, Juan Antonio Lavalleja, por entonces todavía residente en Buenos Aires desde su fracasada revolución contra el Presidente Rivera, era notoriamente partidario del jefe de los revolucionarios riograndenses, Bentos Gonçalves da Silva; y Rivera, temeroso de una victoria de los farrapos, que diera a su compadre y rival una posición prevalente en el panorama político de la República, había abierto relaciones con el comandante imperial de Río Grande, mariscal Sebastián Barreto Pereira Pinto. En conocimiento Oribe de estas relaciones del caudillo con los imperiales o caramurús –como despectivamente eran llamados por los liberales republicanos o farrapos- decidió, como se viera, asumir el mando en jefe del ejército destacado sobre la frontera, aunque cuidando no romper con Rivera que ya había comprendido la acción.
El 19 de febrero de 1936 Oribe dispone la supresión de la Comandancia de Rivera con quien ya había tenido problemas debido a unas elecciones de Alcalde Ordinario realizadas en enero. La medida era apoyada por los cultos patricios y la campaña en cambio sostenía que el Presidente se había a sublevado contra el general Rivera.
El mismo 18 de julio –según el Cónsul francés Raymond Baraderé- debía estallar un complot en Montevideo, para el cual habían sido comprometidos varios de los presos de la cárcel, ubicada entonces en el Cabildo, quienes asesinarían a Oribe y sus principales colaboradores, reunidos en la Iglesia Matriz en el solemne Te Deum por el aniversario de la Constitución. La energía del Gobierno malogró estos planes de manera que en la ciudad la tranquilidad no fue alterada dispersándose los agentes de la revolución.
Entretanto Rivera había iniciado el movimiento en la campaña. El 19 de setiembre de 1836 el ejército revolucionario de Rivera y Lavalle fue vencido por las fuerzas legales en la batalla de Carpintería en la cual los combatientes lucieron por primera vez las divisas de guerra con que se distinguieron en lo futuro los partidos políticos.
Rivera fue vencido, pero se rearmó para seguir el conflicto.
Frente a la protesta armada, el Presidente Oribe entendió necesario y conveniente señalar ante todo la opinión pública, la conducta de Rivera como subversiva y anti-nacional, y, con ese propósito, dictó el decreto de 10 de agosto de 1836 ordenando que los jefes y oficiales y tropa del ejército de línea, la Guardia Nacional, el servicio de policía, los empleados públicos y los ciudadanos no alistados, en una palabra, toda la población, usaran una divisa blanca en el sombrero o un distintivo del mismo color en sus ropas, con el lema “Defensor de las leyes”. Anarquistas y tiznados fueron llamados los rebeldes por los gubernistas; constitucionales a su vez, se denominaban a sí mismos aquellos.
Desde el origen mismo de los bandos, había en ambos sectores de la gente principal –ricos propietarios rurales y urbanos, comerciantes y letrados- con los de la plebe criolla y gringa.
En octubre de 1837 Rivera invade el país. El 15 de junio de 1838 sucede la batalla de Palmar con una importante victoria de Rivera sobre las fuerzas del general Ignacio Oribe. La asamblea General resolvió abrir negociaciones con el jefe rebelde, designándose al efecto una comisión integrada por Joaquín Suárez y Carlos G. Villademoros. Ante las exigencias terminantes de Rivera, que quería la renuncia incondicional del Presidente, la comisión regresó a la capital. El 14 de setiembre la Asamblea decidió continuar la guerra. Pero surgió una nueva complicación: el 11 de octubre de 1838 la escuadra francesa se apoderó de Martín García.
El 21 de octubre se firmó en el Miguelete la Convención por la cual Oribe resignaría de inmediato su autoridad. El 24 Oribe resignó el mando ante la Asamblea General. Oribe suscribió una enérgica protesta responsabilizando a los franceses de haber influido en su renuncia, impuesta por la fuerza de los hechos.